Cerca de 70.000 castellonenses han solicitado asistencia jurídica gratuita durante los últimos cinco años, tal y como desveló a Mediterráneo la Conselleria de Justicia y el abogado de Presidencia de la Generalitat Valenciana y vocal en la comisión de justicia gratuita de Castellón, Roberto Álvaro Gómez. La cifra es “escandalosa” en el sentido de que desde que comenzó la crisis económica, en el año 2007, las solicitudes se triplicaron, “pasando de 4.000 tramitaciones en ese año a cerca de 13.000 en 2010 y en 2014”, afirmó Roberto Álvaro.
En este sentido, en los últimos cinco años las cifras de petición de abogado de oficio o de asistencia letrada al detenido se han mantenido superando las 10.000 tramitaciones anuales por parte de la comisión de justicia gratuita de Castellón, donde también se incluye, como explicó Álvaro, el asesoramiento previo en el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de la Ciudad de la Justicia.
El abogado de la Generalitat aseguró que “normalmente los asuntos relacionados con problemas familiares o temas matrimoniales, como los divorcios, donde solo uno de los afectados tiene sueldo, son la tónica habitual en petición de justicia gratuita en Castellón”. Y prosiguió: “También todas aquellas personas que se ven arrastradas por la crisis económica con impagos de alquileres o impagos hipotecarios también son habituales a la hora de reclamar este servicio público”.
GENTE CON TRABAJO // En este sentido, Roberto Álvaro manifestó que no solo las personas que están en el paro recurren a la justicia gratuita, sino que también lo hacen aquellos que perciben un sueldo, que muchas veces puede ser fijo, pero que es bajo. “Un mileurista tendría derecho a asistencia gratis de letrado o a asesoramiento”, explicó.
Reclamar un abogado de oficio o asesoramiento legal amparados en el estado de bienestar requiere, además, de unos trámites, pese a que el Colegio de Abogados, normalmente, destina un abogado de oficio. “Los interesados lo deben solicitar en el colegio o en el Servicio de Orientación Jurídica de los juzgados aportando documentación. Luego se comprueba en la reunión mensual que la comisión tiene cada mes. Se contrasta todo tanto en el colegio como en la comisión y normalmente tarda tres meses”.
Álvaro insistió en la necesidad de implantar el expediente electrónico para “agilizar estos trámites y ser más eficientes”.